La Guerra del Agua de Cochabamba 2000, suele explicarse sólo a partir de la protesta de los usuarios urbanos frente a la elevación de tarifas, pero el conflicto fue mucho más que eso: la privatización del agua en países como Bolivia, con alrededor de 40% de población rural que vive de la agricultura de subsistencia, con casi 70% de población indígena repartida en comunidades y cordones urbanos pobres; que integra comunidades y pueblos indígenas con una cultura comunitaria de tradición en el manejo de los recursos hídricos, involucra la afectación a los derechos del agua de los pueblos indígenas, y la afectación a sistemas propios de gestión, organizados como alternativa a la falta de atención estatal en el servicio. Esta agresión a los derechos al agua fue entonces preparada mediante la imposición de una legislación que aprobó el gobierno, para imponer la privatización. Legislación apoyada y promovida por diferentes niveles de la cooperación multilateral internacional.

Por ello en la Guerra del Agua la población se movilizó por tres aspectos:

Las características de la privatización

La privatización de los servicios de agua potable en Bolivia, fue una condición de la renegociación de la deuda externa de Bolivia con el Banco Mundial, el BID y el FMI en el año 1998. Cumpliendo con este ESAF (Ajuste Estructural Reforzado) se procedió a la licitación del Servicio Municipal de Agua potable y Alcantarillado (SEMAPA) de Cochabamba. El 21 de agosto de 1998, mediante un Decreto Supremo se autoriza la privatización de SEMAPA y se hace un primer intento de licitación que unía el servicio de agua potable y alcantarillado, la ampliación de cobertura y el financiamiento del Proyecto de Agua Misicuni, proyecto concebido como la solución para el problema del agua en Cochabamba. Misicuni es un proyecto para abrir un túnel que conecte a las aguas de la cordillera con el valle cochabambino, un proyecto del cual se habla durante décadas para resolver el problema de escasez de agua en la zona y que administraciones locales poco transparentes y corruptas no pudieron nunca poner en práctica.

Para hacer efectiva la privatización el gobierno puso en marcha la Ley 2029 que planteaba: Tarifas indexadas al dólar; Monopolio y exclusividad de la empresa en el acceso a las fuentes de agua con derechos exclusivos de 40 años sobre las mismas y licencias de 5 años para las organizaciones indígenas; Prohibición de servicios alternativos; la Superintendencia de Saneamiento Básico era la autoridad para disponer de los recursos hídricos para cualquier uso, sea agrícola, industrial, minero, hidroeléctrico, etc.. En otras palabras la ley de agua potable, era de hecho una ley que afectaba los recursos hídricos de todo el país. Ley que instituía mecanismos autoritarios y verticales en la toma de decisiones. Esta Ley era una copia textual de los contenidos del contrato con la empresa, que al igual hablaba de tarifas indexadas al dólar, una tasa de retorno del 16%, monopolio y exclusividad, derecho de expropiación de los sistemas existentes y derechos privilegiados sobre las fuentes de agua.

Esta ley y el contrato afectaron a los usuarios urbanos sometiéndolos a tarifas dolarizadas (con incrementos entre el 30% y hasta el 300%). Las mujeres en su mayoría dedicadas a los roles reproductivos, sufrieron los impactos de manera más fuerte, porque se vieron obligadas a reducir otros costos de su canasta familiar en función de pagar los altos costos del servicio. La privatización también impactó en los vecinos de sistemas comunales de agua potable, construidos con aportes de los pobladores, que de acuerdo a los términos del contrato, pasaban entonces a manos de la empresa, que se apropiaba de sus sistemas, bajo su propio sistema de tarifas; es decir, se apropiaba de sus pequeñas inversiones y les cobraba caro por los servicios. Afectaban a las comunidades campesinas y sistemas de regantes campesinos, que viven de la agricultura y constituyen una importante red de organizaciones encargadas de gestionar el agua, pues tras la privatización, éstas fuentes pasaron a manos casi exclusivas de la empresa: para acceder a sus fuentes de agua, las organizaciones campesinas debían renovar licencias cada 5 años, mientras que la empresa contaba con una concesión privilegiada de 40 años, según esta ley. Pero además, el proceso de privatización vulneró la esencia de la democracia pues no sólo impuso un contrato en un marco de no transparencia y con vicios de corrupción, sino que impuso una ley no consensuada y arbitraria, que no recogía visiones de gestión del agua y mucho menos el “sentido común” que la población reclamaba.

El proceso de privatización estuvo viciado de irregularidades desde un principio, pues las primeras dos licitaciones no funcionaron; en la segunda, la única empresa en presentarse fue Aguas del Tunari pero con condiciones y exigencias de rentabilidad que estaban asentadas en el criterio de “recuperación del costo total de la inversión” a partir de los usuarios. En lugar de llamar a una nueva licitación, el gobierno invitó directamente a Aguas del Tunari aceptando sus condiciones mercantilistas. El contrato se concretó en escasos meses por las influencias políticas de los socios del consorcio Aguas del Tunari, flexibilizando incluso los términos del proyecto propuesto “para hacerlo más aceptable a los intereses económicos de la empresa, con una estrategia de acceder a fuentes de agua alternativos al Proyecto Misicuni de menos inversión, afectando aguas subterráneas y fuentes de todo el valle central”, (Crespo y Fernández, 2001). Más aún, las autoridades permitieron que Aguas del Tunari, con domicilio legal en las Islas Caimán, cambiara de dirección en medio del proceso a Holanda, para ampararse en un acuerdo bilateral de Inversión que Bolivia tiene con ese país.

LA GUERRA DEL AGUA

La Guerra del Agua, entonces, fue una respuesta ciudadana a este conjunto de medidas y condiciones arbitrarias y atentatorias a los derechos de casi todos los sectores de la población: se jugaron demandas antiguas por los servicios, sistemas de gestión del agua arraigados en una cultura comunitaria, demandas de acceso al agua potable, prácticas propias de distribución del agua, críticas al proceso de privatización mismo. Las organizaciones campesinas y de regantes, jugaron un papel protagónico en el conflicto, pues el grado de afectación sobre sus derechos de agua les privaba de sus derechos de acceso a este recurso, vital para su sobrevivencia. Fueron los regantes campesinos, cocaleros, agricultores los que primero reaccionaron al proceso de privatización, trasladándose a la ciudad para expresar su protesta. A ellos se sumaron las organizaciones de los comités y las cooperativas de agua que con tanto sacrificio construyeron sus sistemas que estaban siendo expropiados por la empresa, y finalmente los otros sectores de usuarios de la red de la empresa, que reaccionaron a la escandalosa elevación de tarifas, uniéndose a los manifestantes campesinos.

Ante la resistencia del gobierno de revisar el contrato y su intento por minimizar las protestas de la población, la Coordinadora del Agua y de la Vida, entidad que se organizó al calor de las movilizaciones y que aglutina a los diferentes sectores sociales afectados, organizó una Consulta Popular el 20 de Marzo del 2000, que contó con una amplia participación ciudadana; más de 50.000 personas expresaron la voluntad de la sociedad civil cochabambina por el rechazo al incremento tarifario, la anulación del contrato con la empresa privatizadora, el rechazo a la privatización del agua y el archivo de la ley 2029 para hacer una nueva; incluyendo los criterios de “usos y costumbres”.

En el mes de Abril, el conflicto se agudizó y generalizó, pues el gobierno de entonces, no solamente desconoció los resultados de la Consulta, a los propios dirigentes y las propuestas de las organizaciones sociales para resolver el conflicto, sino que siguió ejerciendo la represión policial y además trasladó a la ciudad de Cochabamba a grupos especiales del ejército para la represión, declarando incluso el Estado de Sitio. En el conflicto un joven murió fruto del disparo de un francotirador del ejército, quien vestido de civil disparaba hacia la población manifestante. El autoritarismo para imponer la privatización, no hizo otra cosa que generalizar las protestas y el conflicto se tornó nacional; al mismo tiempo organizaciones campesinas en todo el país iniciaron un bloqueo, en apoyo a las reivindicaciones del pueblo de Cochabamba y a las organizaciones de regantes. Y al final incluso la policía amenazó con amotinarse para no obedecer órdenes de “represión contra el pueblo para defender intereses extranjeros”.

El conjunto de presiones sobre la población rural y urbana, transformó en inviable la privatización, por el grado de conflicto social que provocó. El mismo se extendió y adquirió dimensiones nacionales pues a las demandas de los cochabambinos, se sumaron las acciones de solidaridad de otros departamentos del país. La empresa a la cual se le había dado la concesión fue echada por la población luego de meses de protestas que culminaron en una verdadera guerra en las calles de esta ciudad: población y ejército enfrentados en barricadas, gente de toda procedencia y estrato social salía día a día a protestar por la privatización, hombres y mujeres protagonizaron duros enfrentamientos, fueron objeto de represión y amenazas y finalmente ganaron, a pesar de la declaratoria de un Estado de sitio, un muerto y decenas de heridos y personas detenidas. Al final de todo, la lucha de la población entera logra la ruptura del contrato de concesión con la empresa Aguas del Tunari, semanas más tarde movilizaciones campesinas seguidoras de las demandas iniciadas en Cochabamba lograron evitar reformas legales sobre el agua, cambiaron la ley 2029 que atentaba a sus derechos y pararon la lógica privatizadora de la ley de aguas.

El pueblo de Cochabamba recuperó la Empresa Municipal SEMAPA, bajo una forma de organización que permite control social, se logra cambiar la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado y se detiene la propuesta de Ley de Aguas iniciando un proceso de discusión, debate y concertación más participativo. Un slogan inscrito en las paredes de Cochabamba aún permanece perpetuando el espíritu de la lucha de esas jornadas: “BEBO AGUA, LUEGO EXISTO, ENTONCES VOTO”.

Las mujeres en defensa del Agua

Una de las vertientes más importantes del movimiento fueron las mujeres, tanto urbanas como de las áreas rurales, en particular las mujeres indígenas. Participaron muy activamente las mujeres regantes, responsables principales en el trabajo cotidiano de gestión del agua y de riego de sus sembradíos y asequias.

“De pronto llegamos a nuestra toma de Tiquipaya y estaba con soldados, resulta que ya no podíamos acceder a nuestra fuente que había sido nuestra desde siempre, desde antes de nuestros abuelos… Nos estaban prohibiendo el derecho al agua y a la vida. Eso no podía ser.” (Vicky, Regante de Tiquipaya).

También las mujeres urbanas, como parte de sus roles de género, quienes gestionan el consumo del agua, su distribución y acopio pues en muchas zonas de la ciudad no existe la instalación a domicilio o simplemente no llega el agua.(1)

Muchas de las mujeres que organizaron las acciones de movilización y de solidaridad entre los diferentes actores, eran mujeres de las cooperativas de agua o las mujeres trabajadoras de los mercados. También jugaron un activo papel las mujeres usuarias del servicio de la empresa, pues debido al alza de las tarifas muchas mujeres debieron ajustar sus presupuestos para pagar la factura, o trasladarse a pilas públicas para tener acceso al agua a menos costo; finalmente levantarse ellas o las niñas mayores de la familia a tempranas horas de la mañana para recibir agua del camión aguatero.

“Mi factura se había duplicado apenas en un mes y no es que habíamos usado más agua, yo pagaba 11 bs., a 12 bs., casi generalmente, (…) de un día para otro ya hemos visto pues, tenía que pagar el doble: 25!. Cláro, algunos dirán que 12 o 13 bolivianos es nada, pero para una familia como la mía que sólo depende de mi sueldo es bastante. (…) Esos 12 que estaba yo pagando de más me servía para mis movilidades. No quedaba otra que levantarse más temprano y caminar al trabajo, ¿no ve?”

“El tarifazo, decía la gente, todos estábamos indignados por esa elevación en las facturas, al final la gente ya se negó a pagar, íbamos con nuestras facturas a la prensa, a la oficina de la Coordinadora, era un escándalo” (vecina Casco Viejo).

Tal fue la participación de las mujeres y su contribución a la movilización social de esos días que dio lugar a una anécdota cuando un grupo de dirigentes perseguidos fue a refugiarse en una parroquia:“Dónde está la Señora Coordinadora, queremos conocer a esa mujer tan valiente que organiza la resistencia” preguntaron los anfitriones refiriéndose a la Coordinadora del Agua y la Vida, red de organizaciones y líderes formada al calor de la lucha, pero confundiendo, no por casualidad, de que se trataría de una mujer. Las propias mujeres escuchaban de esta confusión con orgullo, seguras de que su participación en la protesta y las acciones de solidaridad fue de primera línea.

En las acciones de Abril del 2000 las mujeres de las organizaciones de regantes defienden por un lado sus derechos al agua, su uso social, su reivindicación como “administradoras” del recurso, la unidad en las organizaciones y su reconocimiento a los dirigentes. Pero, al mismo tiempo plantean sus propias reivindicaciones de género: demandas de una mayor participación, reconocimiento y poder de decisión. Si bien las mujeres realizan el trabajo más duro en la gestión del agua, o en el control de la calidad del servicio, o en la lucha en las calles por evitar su privatización, no encuentran un correlato similar en los niveles de participación y toma de decisiones en las propias organizaciones o en niveles de decisión locales como los gobiernos municipales o nacionales; en el conflicto por el agua, las mujeres encontraron pocos espacios en las mesas de negociación con las autoridades y en los espacios de influencia y decisión política. Entonces, la reflexión sobre prácticas de exclusión y mecanismos que fomentan su invisibilidad están presentes entre las propias mujeres de las organizaciones de regantes con un doble desafío: luchar por las conquistas sociales y luchar en sus propios espacios para ampliar su participación y sus derechos como mujeres.

Podemos decir junto a ellas que las mujeres enfrentan una doble dimensión en su lucha: por un lado las movilizaciones acciones y demandas frente a los intentos de privatización de los servicios, de los recursos y de la vida misma; en ese plano las mujeres tienen un papel muy activo interpelando desde la fuerza que da el valor de la vida: “qué, ¿acaso no toman agua ustedes?” les gritaban a los militares y policías: “acaso no han crecido en las barrigas de sus madres dentro de una bolsa de agua?”, “El agua es nuestra, el agua es sagrada, el agua es la vida”.

Fueron las mujeres quienes manifestaron de manera más explícita y hasta natural que el agua es un derecho humano, que el acceso al agua limpia y sin exigencias de lucro es fundamental para acceder a otros derechos, y ese es el mérito de la participación femenina.

Bechtel contra Bolivia

Un nuevo frente de acciones y lucha se planteó cuando luego de salir de Bolivia, el socio mayoritario de Aguas del Tunari, la norteamericana BECHTEL, inicia un juicio contra Bolivia demandando entre 25 y 50 millones de dólares por daños y perjuicios y presenta la demanda en el Comité Internacional para el Arreglo de Diferencias en cuanto a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

Aguas del Tunari luego de firmado el contrato pasó su dirección legal de las Islas Caimán a Holanda, sin respetar normas del contrato de concesión, para ampararse en un Tratado Bilateral de Inversiones que existe entre Bolivia y Holanda, este TBI o BIT (por sus siglas en inglés) remite los conflictos entre empresas y países a un panel de arbitraje privado como en el TLCNA o como el que plantea el ALCA, en este caso a una instancia del Banco Mundial. En este panel, ni los regantes, ni los usuarios del servicio, ni los familiares del joven asesinado durante el conflicto, ni las mujeres que vieron afectadas sus vidas por la privatización, tienen un lugar para dar su testimonio, el panel tiene un representante de la empresa, un representante del Gobierno y un árbitro elegido por el Banco Mundial. Es un panel secreto y a puertas cerradas.

Bolivia, y sobre todo las organizaciones sociales, se han rehusado durante cinco años a esta demanda argumentando que Bechtel es básicamente una empresa norteamericana y no holandesa, y que el monto de la indemnización que ellos piden no tiene relación con lo que esa empresa llegó a invertir en Bolivia, que fue menos de un millón de dólares, ni tiene justificación moral por los perjuicios que esta empresa causó en el país durante esos meses. Los movimientos y organizaciones sociales desarrollaron una espectacular campaña en alianza con redes y organizaciones solidarias de todo el mundo enviando cartas al Banco Mundial, a la prensa, a Becthel, a sus socios, organizando ante la propia sede del Banco Mundial manifestaciones de repudio a esta acción iniciada por la transnacional Bechtel, manifestaciones en Holanda de activistas denunciando la patraña de la adscripción de una empresa norteamericana a la nacionalidad holandesa, sólo para proteger sus intereses. Estamos hablando de la participación activa de más de 300 organizaciones en 42 países rechazando esta acción ante el CIADI con una fuerza contundente. Estas acciones de presión lograron que la demanda no progrese.

A finales de 2005 y como producto de la gran campaña desarrollada en contra de la demanda de Bechtel, esta empresa decide ofertar las acciones de la empresa a Bolivia por un precio simbólico como una forma de resolver el conflicto de manera pacífica. El acuerdo se firma entre Bechtel y el Gobierno Boliviano en el CIADI a principios de 2006, como un arreglo “amistoso” por el que la transnacional renuncia a su demanda de más de 25 millones de dólares y vende sus acciones por un valor simbólico de 30 centavos de dólar.

Consecuencias de una demanda millonaria

Aunque gracias a la lucha de los pueblos en solidaridad que presionaron a Bechtel para levantar su demanda y poner en la balanza su imagen para seguir con sus actividades de lucro lidiando en mejores condiciones con las presiones y protestas ciudadanas, el proceso tuvo un enorme costo para el Estado boliviano: las autoridades reportan un gasto de 1.8 millones de dólares sólo en gastos de defensa (contratación de estudios de abogados internacionales, delegaciones diplomáticas a Washington, etc.)

Impactos

Los impactos de la privatización del agua en Bolivia, no sólo se expresaron en la elevación arbitraria de las tarifas y los derechos de los usuarios, sino también en la afectación a los derechos indígenas de acceso al agua por la legislación impuesta para favorecer las inversiones de la transnacional. Los conflictos sociales generados repercutieron en la democracia, provocaron una crisis de estado que por defender los intereses empresariales se ejercitó violencia y represión estatal, con el resultado de un muerto y decenas de heridos.

El monopolio y la exclusividad para la prestación de los servicios de agua potable por la transnacional afectó los sistemas de agua potable comunales. También significó una forma de expropiación de fuentes de agua de comunidades rurales y los sistemas de riego campesinos. Esto profundizó el desprecio por el conocimiento tradicional y por visiones conocimiento colectivo para el manejo y gestión del agua, saberes acumulados en siglos basados en mecanismos de control, concertación y “usos y costumbres” tradicionales.

La resistencia social generada frente a la privatización del agua, la solidaridad y repercusión que tuvo esta lucha en la realidad boliviana es muy importante, es a partir de esta experiencia que las organizaciones sociales confluyen en lo que actualmente es el Movimiento Boliviano de Lucha contra el ALCA que incluye en su campaña, la defensa del agua contra la privatización. En este marco, la denuncia de la demanda de Bechtel contra Bolivia se constituyó en un ejemplo vivo del tipo de protección a las inversiones que se pretende imponer bajo estos acuerdos y marcó la agenda de las acciones sobre los derechos del agua en Bolivia desde la mirada de los movimientos sociales. Este factor y la forma en còmo se desarrolló el conflicto ha permitido articular campañas nacionales e internacionales con organizaciones activistas por el agua del mundo entero.

Desde la experiencia de Cochabamba aprendimos varias cosas: por un lado que la fuerza de los movimientos sociales es capaz de cambiar desde abajo el embate del libre mercado, que una lucha local, puede tener una repercusión internacional y mundial muy grande, que es posible construir solidaridades y alianzas entre organizaciones del sur y del norte capaces de organizar y articular campañas para defender el derecho fundamental al agua, que los movimientos sociales de resistencia a la globalización financiera, pueden articular nuevos discursos y miradas para construir un mundo mejor a partir de lo que ya es posible. También aprendimos que es fundamental ubicarse en la perspectiva de los saberes locales, del conocimiento indígena y comunitario, de las necesidades de los pueblos y de los mecanismos que las culturas han construido a través de años de convivencia con la naturaleza para buscar una gestión sostenible del recurso agua que respete los derechos humanos y los derechos de la propia naturaleza.

Estamos convencidos de que los servicios de agua deben estar fuera de los condicionamientos de las multilaterales (BID, BM, FMI) que los someten a su privatización para renegociar la deuda de los países más pobres.

El agua debe estar fuera de los acuerdos de libre comercio, porque éstos están orientados a la mercantilización del agua y a su incorporación en la lógica del mercado y a que las decisiones políticas sobre la gestión social del agua, quede en manos de las corporaciones. El agua debe ser reivindicada nos solamente como un derecho humano y por tanto un bien común, sino también como un bien y un derechos de la naturaleza.

Las sociedades deben promover el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas públicos de distribución del agua, con control social de las comunidades usuarias y de la sociedad civil, y deberían incluir la consideración del enfoque de género reflejando las necesidades, las visiones y derechos de las mujeres. Es muy importante defender el agua como un derecho y responsabilidad de todos y no dejar caer su administración en manos de las corporaciones.(1)